El PP acusa al Gobierno de amparar fraude laboral en la Administración de Justicia en Balears

Los populares apuntan a Rodríguez Badal como responsable de estas irregularidades

“Queremos saber quién dio la orden, quién conocía esta situación y por qué se permitió que estos trabajadores se incorporaran sin alta”

El Partido Popular han denunciado esta mañana el fraude laboral en la Administración de Justicia en Balears y ha exigido una respuesta inmediata, así como la asunción de responsabilidades al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, tras el escándalo de funcionarios que han estado trabajando durante semanas sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Los parlamentarios han advertido de que “no se trata de un incidente aislado, sino de un fallo grave del Gobierno, que ha provocado que decenas de trabajadores públicos fueran trasladados a Balears sin estar de alta en la Seguridad Social”. El PP confirma que esta situación ha generado un escenario de irregularidad laboral y desprotección social que afecta a los derechos de los propios empleados públicos. “Desde el 20 de febrero, estos funcionarios han desarrollado su trabajo en condiciones impropias de una Administración Pública: sin alta en la Seguridad Social, sin cotización efectiva, sin retribuciones y, en muchos casos, sin medios materiales suficientes para desarrollar su labor con normalidad”, han añadido.

Los parlamentarios han sido especialmente contundentes respecto a la reacción del Gobierno: “Esto no es un error administrativo, sino un fraude intolerable. El Gobierno ha permitido que trabajadores públicos desarrollen sus funciones sin estar dados de alta. Y eso, dicho con toda claridad, es pretender normalizar el trabajo en B dentro de la propia Administración del Estado. Es una práctica inadmisible”.

“La regularización tardía no les va a servir de coartada. Que ahora se les haya dado de alta no corrige lo ocurrido, ni borra semanas de ilegalidad. Al contrario, lo que hace es delatar aún más la gravedad de los hechos. Porque demuestra que sabían lo que hacían. Y eso agrava su responsabilidad”, han puntualizado.

Los parlamentarios han elevado el tono con una crítica directa al funcionamiento del Gobierno: “Lo que estamos viendo es gravísimo. El Gobierno ha estado actuando al margen de la ley, un comportamiento propio de la economía sumergida no puede comportarse como un delincuente cualquiera. No puede operar fuera de la legalidad. Esa deriva recuerda a prácticas propias de una mafia, actuando fuera de las reglas y, cuando se les sorprende con las manos en la masa, no asumen responsabilidades”.

En este sentido, han señalado directamente al delegado del Gobierno en Baleares como responsable político: “Rodríguez Badal es el primer y último responsable de lo que ocurre bajo su autoridad. Baleares no puede permitirse un delegado del sanchismo que no soluciona nada y que, cuando hay que dar explicaciones, desaparece. Ese silencio le delata y viene a confirmar que Rodríguez Badal estaba en el ajo”.

Asimismo, han exigido respuestas inmediatas: “Queremos saber quién dio la orden, quién conocía esta situación y por qué se permitió que estos trabajadores se incorporaran sin alta. Queremos saber si se les va a pagar todo lo que se les debe y cómo se van a reparar los derechos perdidos por una cotización inexistente. Son preguntas que exigen respuestas urgentes. Y si no hay respuestas, tendrá que haber consecuencias”.

Según han explicado, “70 funcionarios debían ser dados de baja en sus comunidades autónomas de origen y dados de alta en Baleares, un trámite básico que no se realizó, provocando que estos trabajadores se incorporaran en una situación completamente irregular. Estos trabajadores han estado completamente desprotegidos. Han trabajado sin alta en la Seguridad Social, sin generar cotización, sin derechos reconocidos. Ese tiempo no cuenta para su vida laboral, no cuenta para su pensión ni para ninguna prestación. Es una pérdida de derechos inaceptable”.

“Pero además han estado trabajando sin cobertura ante cualquier eventual accidente laboral. En una situación de absoluta indefensión. Sin garantías, sin protección, sin respaldo. El Estado les ha dejado solos”. Finalmente, han cargado contra la reacción del Gobierno y han lanzado una advertencia institucional clara: “Si no da explicaciones en Baleares, las tendrá que dar en Madrid. Le vamos a llamar al Senado. Tendrá que comparecer y dar la cara. Y allí no podrá esconderse ni guardar silencio. Que se prepare bien porque no vamos a permitir ni una pregunta sin respuesta”, han concluido.